En el contexto de la reciente derogación de la Ley de la industria eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma constitucional programada para el 5 de febrero.
El propósito principal de esta medida es fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) después de que la SCJN otorgara un amparo a empresas privadas, invalidando la mencionada legislación.
Durante una conferencia de prensa, el Mandatario expresó su descontento hacia el Poder Judicial, afirmando que impugnarán la decisión del tribunal.
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López Obrador criticó la decisión de la SCJN de favorecer los intereses privados en detrimento de la CFE, destacando que la anulación de la ley eléctrica fue el resultado de un empate entre cuatro ministros con opiniones divididas.
El presidente considera imperativo restaurar la constitución a su estado previo a la reforma energética, propuesta por el expresidente López Mateos, para evitar la supremacía del poder privado sobre el público.
Además, hizo hincapié en la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial, denunciando el «entreguismo» presente en dicha instancia.