El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma para regular el hospedaje turístico en plataformas digitales como Airbnb. Esta nueva regulación impone un límite, permitiendo que los inmuebles se alquilen solo por el 50 % de las noches del año, es decir, un máximo de seis meses.
Si los propietarios superan este límite, deberán esperar un año para poder registrarse nuevamente y ofrecer alojamiento. Además, se prohíbe el uso de inmuebles que pertenecen a programas de vivienda social o aquellos reconstruidos tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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La iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, y fue aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones. El objetivo es equilibrar la competencia entre alojamientos turísticos temporales y hoteles tradicionales. Esta reforma también modifica la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la CDMX.
El diputado César Emilio Guijosa Hernández, de Morena, afirmó que esta reforma es una solución integral para mitigar la gentrificación. Establece límites en el número de noches que una propiedad puede alquilar, promoviendo así un equilibrio en el mercado.
Sin embargo, la oposición criticó el dictamen. El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) argumentó que la reforma atenta contra la propiedad privada y la libertad individual. También mencionó que el Estado no debería decidir sobre el uso de los inmuebles.
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Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN) señaló que la propuesta no detalla cómo se verificará el cumplimiento en inmuebles pequeños, donde podría ser difícil cumplir con el límite del 50 %. Además, advirtió que establecer cuotas podría generar un mercado negro.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) también expresó que la reforma no favorece la vivienda ni combate la gentrificación. Aseguró que la medida parece favorecer al sector hotelero, perjudicando a vecinos que buscan obtener ingresos extra.
En abril, el Congreso ya había aprobado reformas relacionadas con el hospedaje temporal, enfocándose en las responsabilidades de arrendadores y usuarios. La nueva regulación también prohíbe registrar inmuebles de vivienda social en plataformas digitales.