Diversos medios estadounidenses han informado que se analiza la posibilidad de aplicar acciones militares contra grupos delictivos que operan en México. Esta propuesta ha ganado visibilidad luego de que Estados Unidos clasificara a ciertos cárteles como organizaciones terroristas en febrero pasado.
Algunas versiones señalan que podrían utilizarse drones para llevar a cabo tareas de vigilancia o ataques dirigidos, según fuentes del sector militar y de inteligencia. Estas fuentes aseguran que la administración de Donald Trump ha considerado destinar recursos militares y de inteligencia para este fin.
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Ronald Johnson, quien ha sido propuesto por Trump como embajador en México, tampoco descartó una acción unilateral de Estados Unidos. Pete Hegseth, secretario de Defensa, comunicó a funcionarios mexicanos que “todas las opciones están sobre la mesa” en la lucha contra el narcotráfico.
Se ha mencionado que los posibles objetivos serán líderes de los grupos delictivos y sus redes logísticas dentro del territorio mexicano. También se ha hablado sobre acciones encubiertas, aunque estas aún no han sido confirmadas ni discutidas oficialmente entre gobiernos.
Las autoridades estadounidenses aclararon que cualquier intervención sería considerada solo como último recurso. Reconocen que estas acciones podrían dañar la relación bilateral y afectar la cooperación en temas como migración y seguridad.
Además, se plantea que un ataque sin autorización violaría normas del derecho internacional, aunque algunos funcionarios lo consideran una medida de defensa. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre este tema ni un acuerdo para actuar con drones armados en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los vuelos de vigilancia han contado con autorización y son parte de una cooperación establecida desde hace años. En febrero, se reveló que la CIA ha empleado drones MQ-9 Reaper para recopilar información sobre organizaciones criminales, pero sin carga armada.
Estos dispositivos han sido utilizados en otros países para operaciones específicas, aunque actualmente se utilizan en México con fines de observación. El gobierno mexicano ha minimizado las versiones de posibles operaciones encubiertas, destacando que todo se lleva a cabo bajo acuerdos bilaterales.