La reforma a la ley de telecomunicaciones busca garantizar el acceso equitativo a la información y fortalecer los derechos de las audiencias. Esta iniciativa fue aprobada por mayoría en el Senado y recoge aportaciones de expertos tras cinco conversatorios nacionales.
Uno de sus ejes centrales es el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho universal. Se establecen mecanismos para facilitar la expansión de la infraestructura tecnológica en todo el país, mediante trámites digitalizados y coordinación entre niveles de gobierno.
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Para zonas rurales o de difícil acceso, se contemplan nuevos esquemas de uso compartido del espectro radioeléctrico y redes inteligentes. Además, se ofrecen descuentos a concesionarios que garanticen cobertura en regiones prioritarias.
La ley también reconoce la importancia de los medios comunitarios, indígenas y públicos, promoviendo su sostenibilidad financiera y su inclusión en el ecosistema mediático nacional. Estos medios contarán con reglas claras para la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
En materia de audiencias, se fortalece la figura del defensor de la audiencia. Este pasará de ser un cargo simbólico a un verdadero garante de derechos. Así, se podrá exigir información veraz y libre de desinformación.
Finalmente, se reafirma la prohibición de que gobiernos extranjeros usen medios nacionales para emitir propaganda política o ideológica, con excepciones limitadas a contenidos culturales, deportivos y turísticos. La regulación busca proteger la soberanía informativa sin vulnerar la libertad de expresión.