La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La entrega se hizo a través de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.
Se espera que la iniciativa se publique hoy en la Gaceta Parlamentaria. En la sesión ordinaria del 14 de octubre se turnará a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen. La revisión general y particular se realizará la última semana de octubre, informó la Junta de Coordinación Política.
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El objetivo principal de la propuesta es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. La iniciativa establece responsabilidades claras para las autoridades federales, estatales y municipales en la gestión de los recursos hídricos. Sheinbaum explicó que el agua es un recurso de la nación, y que no se podrán vender ni transmitir concesiones cuando exista cambio de uso.
La normativa define acciones para asegurar el acceso equitativo y sostenible al agua, así como la distribución de competencias entre autoridades de los tres niveles de gobierno. Además, se incorporan estrategias para promover la cultura del agua, su uso racional y la participación social en su conservación.
La reforma fortalece la supervisión del uso del agua, incluye un régimen de sanciones y un catálogo de delitos hídricos. Las multas para casos graves pueden superar los cinco millones de pesos. También se crea el Registro Nacional del Agua, que permitirá mayor transparencia y control de las concesiones.
En resumen, la iniciativa busca recuperar la rectoría del Estado sobre el agua, garantizar su uso justo y proteger este recurso vital para las generaciones presentes y futuras.
