La ONU advirtió sobre el riesgo de perder evidencias de posibles crímenes internacionales en Gaza debido a las labores de retiro, trituración y traslado de los escombros acumulados tras los bombardeos. Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, pidió que cualquier intervención sea acompañada por mecanismos independientes que permitan preservar pruebas y recuperar restos humanos.
Albanese señaló que los restos de los edificios destruidos no representan únicamente residuos de construcción, pues entre ellos podrían encontrarse cuerpos humanos y evidencias materiales relevantes para investigaciones sobre posibles crímenes internacionales, incluido un supuesto genocidio. Autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, calculan que más de 10 mil cuerpos permanecen entre los escombros de inmuebles destruidos durante la ofensiva israelí.
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Ante este escenario, la funcionaria consideró indispensable que antes de mover o triturar los materiales se realice la recuperación e identificación de los restos humanos, además de documentar de manera sistemática los lugares afectados y conservar cualquier elemento que pueda servir como evidencia. También pidió establecer una cadena de custodia continua y bajo supervisión independiente para evitar que las pruebas sean alteradas o desaparezcan.
La relatora recordó que al menos 92% de las viviendas de Gaza, además de infraestructura civil, han sido destruidas o presentan daños, según un informe de Naciones Unidas. También denunció que maquinaria pesada ha continuado realizando demoliciones en zonas bajo control israelí, pese al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para implementar una propuesta estadounidense que contemplaba un alto el fuego en el enclave.
Albanese sostuvo que cualquier proceso de retiro de escombros debe formar parte de un plan diseñado por palestinos y respaldado por actores considerados confiables por la población. Asimismo, pidió la participación de investigadores internacionales y advirtió que Estados y empresas involucrados en la eliminación de estos materiales podrían enfrentar consecuencias legales internacionales si con sus acciones destruyen evidencias relacionadas con posibles crímenes. “Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal”, afirmó.