El Gobierno de Francia anunció que solicitará la implementación de toques de queda parciales en distintas ciudades del país, como respuesta a una ola de disturbios, enfrentamientos y saqueos registrados durante el fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó este lunes que las autoridades regionales recibirán la petición, aunque todavía no se han definido las zonas donde se aplicará la medida.
Tras una reunión interministerial, Lecornu explicó que las restricciones nocturnas por territorios representan, por ahora, una alternativa más adecuada que declarar el estado de emergencia. No obstante, advirtió que esta última opción continúa sobre la mesa si la situación lo requiere. El Ministerio del Interior dará a conocer un mapa detallado de las áreas que podrían quedar sujetas a las medidas.
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El jefe de Gobierno aseguró que las autoridades no permitirán que los saqueos se conviertan en una práctica habitual y anunció una respuesta judicial contundente contra los responsables. También calificó como afortunado que los hechos no hayan dejado víctimas mortales. En sus declaraciones, atribuyó parte de los disturbios diurnos a grupos de extrema izquierda, mientras que relacionó los incidentes nocturnos con la delincuencia común.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, hasta las 08:00 horas del lunes, 2 mil 331 personas permanecían bajo custodia policial por su presunta participación en los actos violentos. Alrededor del 70 por ciento eran mayores de edad, mientras que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 por ciento de los casos. En la región de París, unos 200 investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos.
Además de las investigaciones, Lecornu pidió la colaboración de la ciudadanía para reconocer a las personas involucradas en los saqueos. Los disturbios del sábado incluyeron robos en establecimientos comerciales, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades. Ante este escenario, el Gobierno busca contener nuevos episodios de violencia mediante restricciones localizadas y acciones judiciales.