El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan de auditorías y controles administrativos para atender la crisis interna del organismo. Las medidas buscan esclarecer los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei y evitar nuevas irregularidades.
Entre las acciones destaca solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión extraordinaria de las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026. También se contempla una auditoría externa, un buzón para denuncias anónimas y mecanismos para proteger documentos e información confidencial.
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Consejeros y representantes de partidos políticos coincidieron en que la renuncia de Taddei no es suficiente para resolver la situación. El consejero Arturo Castillo calificó el caso como la crisis más grave en la historia del instituto, mientras Blanca Cruz, presidenta provisional, ofreció transparencia y colaboración con las autoridades investigadoras.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey propuso modificar los mecanismos de contratación para reducir favoritismos y conflictos de interés. También planteó crear una comisión de administración con participación de los consejeros. Los representantes partidistas exigieron investigar los pagos a proveedores y determinar quién autorizó las operaciones señaladas.