Una decisión reciente sobre el método de venta de entradas para Machu Picchu ha desatado controversias en Perú. El gobierno, a través de la ministra de Cultura Leslie Urtega, anunció que la empresa privada Joinnus gestionará la venta de boletos en lugar de la Dirección Desconcentrada de Cultura, generando protestas y críticas.
El cambio, inicialmente programado, fue pospuesto debido a la oposición de sectores vinculados al turismo, la cultura y ciudadanos del Cusco. La renuncia de Maritza Candia, directora de Cultura de Cusco, y la huelga de trabajadores de esta entidad evidencian la resistencia interna.
Aunque Urteaga sostiene que la modificación busca mejorar la gestión cultural y no privatizar Machu Picchu, los críticos argumentan que esto es un paso hacia la privatización y perjudicará a los operadores locales en la cadena económica del sitio.
La Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Región Cusco convoca a diversas agrupaciones a respaldar a los gremios de turismo y cultura, implementando medidas de lucha. A pesar de la primera postergación, la venta de entradas a través de Joinnus, inicialmente programada para el 27 de diciembre, queda suspendida hasta nuevo aviso, volviendo al sistema anterior de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.