La reciente séptima ampliación del decreto para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera en México ha generado controversias.
La medida, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2024, ha estado vigente durante un año y nueve meses, durante los cuales cerca de dos millones de vehículos de contrabando han sido regularizados.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, critica la falta de efectividad del decreto, argumentando que sigue permitiendo la entrada y circulación de vehículos ilegales con la venia de autoridades y a favor del crimen organizado.
Rosales Zárate, señala que la prolongación del decreto en los 17 estados del país no es necesaria, ya que más del 50% de las regularizaciones ocurren en tres entidades fronterizas.
La inclusión de vehículos irregulares de Europa y Asia también levanta preocupaciones sobre la capacidad de la medida para abordar el problema central. La AMDA destaca inconsistencias en el Registro Público Vehicular (REPUVE), cuestionando la emisión precisa de placas y exponiendo información sobre el estado legal de los vehículos en circulación.