En un giro judicial impactante, el distinguido Muhammad Yunus, laureado con el Premio Nobel de la Paz, enfrenta una condena por infringir la legislación laboral en Bangladesh. El caso, descrito como «acoso» por Amnistía Internacional, ha desencadenado un debate sobre motivaciones políticas.
A pesar de sus notables logros al sacar a millones de personas de la pobreza mediante su banco de microcréditos, Yunus, a sus 83 años, se enfrenta a seis meses de prisión. La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, lo acusa de explotar a los pobres, intensificando las tensiones políticas en vísperas de las elecciones legislativas.
Personalidades influyentes como Barack Obama y Ban Ki-moon han denunciado el «continuo acoso judicial», generando preocupaciones sobre la seguridad y libertad de Yunus. Aunque liberado bajo fianza, la condena resalta la creciente hostilidad política. Hasina, en campaña para la reelección, intensifica los ataques verbales contra Yunus.
El tribunal encontró culpables a Yunus y tres colegas de Grameen Telecom por no cumplir las leyes laborales, desencadenando la negación y calificando el caso de «carece de fundamento» y «políticamente motivado». Este veredicto es ampliamente criticado como una «parodia de justicia», alimentando las tensiones en el panorama político y legal.
Este no es el único desafío para Yunus, ya que enfrenta más de un centenar de casos relacionados con presuntas infracciones laborales y sobornos. Los críticos, incluido su abogado Khaja Tanvir, consideran que el caso es un intento de «acosar y humillar» al eminente activista social y premio Nobel. Irene Khan, exresponsable de Amnistía Internacional, denuncia la instrumentalización de la legislación laboral por parte del gobierno y la represión de la disidencia política por parte de los tribunales bangladesíes.



