En un conflicto entre la comisión liquidadora de exobreros de la fábrica de Río Blanco y el alcalde Ricardo Pérez García, se destapa un supuesto intento de despojo de propiedades sindicales.
Los descendientes, Eduardo Cancino, Armando Campos, Antonio Meza y Jesús Lezama, acusan al edil de actuar de manera negligente al retener el auditorio Benito Juárez. A pesar de los trámites iniciados en mayo de 2022 y la toma de nota por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en agosto de 2023, el alcalde, Ricardo Pérez, no reconoce la propiedad, generando una disputa legal.
Las gestiones de los afectados, hechas públicas, revelan una serie de desencuentros y promesas incumplidas por parte del alcalde, dejando a los obreros en una lucha persistente por sus derechos.