Tras el estallido de violencia desatado en Ecuador, el presidente Daniel Noboa Azin ha emitido un decreto declarando conflicto armado interno, a lo que le sigue a la implementación de un estado de excepción y un toque de queda para frenar la ola de acciones violentas en el país.
Identificando a varios grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, el mandatario ha ordenado a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones militares para neutralizarlos.
En respuesta, la Asamblea Nacional propuso amnistía para policías y militares que utilicen la fuerza durante este conflicto, respaldando las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La situación se ha tornado peligrosa, con explosiones de vehículos, ataques con explosivos, secuestros de policías, toma de rehenes en un canal de televisión y retención de agentes en cárceles.
Las instituciones, como la Universidad de Guayaquil y locales comerciales en Quito, han cerrado por temor, mientras la Corte Nacional de Justicia deploró la ofensiva del crimen organizado y respaldó las decisiones del presidente Noboa.
La entidad judicial también condenó los ataques y amenazas hacia sus autoridades, llamando a jueces y operadores de justicia a luchar contra la impunidad. En un comunicado, la Corte expresó su respaldo al Gobierno por sus esfuerzos para superar la crisis de inseguridad y a las fuerzas del orden por preservar la seguridad ciudadana.
Solicitaron urgente resguardo policial y militar para la Corte Nacional de Justicia y los complejos judiciales del país, e hicieron un llamado a la unidad de todas las instituciones del Estado cerró el comunicado, instando a enfrentar la ola de violencia con acciones conjuntas y articuladas.