El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció una iniciativa para modificar el Código Penal en la Ciudad de México, enfocada en combatir la corrupción inmobiliaria. El objetivo es establecer penas de hasta 20 años de prisión para servidores públicos involucrados en estos casos.
Durante la presentación, Batres Guadarrama resaltó un «incremento exponencial» de inmuebles con excesos normativos entre 2009 y 2021, especialmente en la Benito Juárez. La iniciativa propone sanciones de 10 a 20 años de cárcel para servidores públicos, agravándose en casos con beneficio económico, abordando así el problema desde una perspectiva moral y social.
