En el sexto aniversario de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, consejos ciudadanos, colectivos y familiares de víctimas expresaron duras críticas hacia el manejo de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.
En un comunicado respaldado por 86 colectivos de 25 estados, se alertó sobre el aparente desmantelamiento de estas instituciones y la revictimización de los familiares al desconsiderar su participación activa. Se enfatizó la preocupación de que, en lugar de enfocarse en la búsqueda, las instituciones parecen disputar las cifras de desaparecidos.
Las denuncias incluyeron un censo carente de transparencia, la disminución de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CIH), así como la falta de disposición para dialogar con las familias afectadas.
Se recordó que la legislación en cuestión surgió como respuesta a la presión social y las propuestas de las familias de personas desaparecidas. En este contexto, se resaltó la necesidad de que las víctimas participen activamente en la búsqueda, localización e identificación de sus familiares, considerándolo un derecho fundamental.
Ante esta situación, se instó a los gobiernos federal y locales a presentar un plan de trabajo con plazos y objetivos definidos. Además, se solicitó transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos de la CNB, justificación de los recientes despidos y garantías para las familias afectadas.