Enfrentando una crisis de endeudamiento, los municipios mexicanos buscan desesperadamente alternativas, recurriendo a la venta de propiedades municipales.
En estados como Colima, Veracruz y Estado de México, los cabildos intentan desincorporar terrenos municipales, algunos con construcciones como escuelas o estadios, para hacer frente a deudas con proveedores, contratistas y extrabajadores.
Un caso emblemático ocurrió en Toluca en 2023, cuando el ayuntamiento solicitó al Congreso mexiquense separar un predio municipal para saldar una deuda originada en 2010 por la construcción de una unidad deportiva.
PODRÍA INTERESARTE: http://AMLO destaca la maravilla de Bacalar y supervisa avances del Tren Maya en el sureste mexicano
No obstante, la medida fracasó, desencadenando tensiones y sospechas de irregularidades.
La creciente carga económica de los laudos laborales agrava la situación. En Veracruz, 174 ayuntamientos enfrentan demandas de trabajadores por indemnizaciones, generando deudas que se vuelven insostenibles año tras año.
A pesar de intentos de vender bienes para obtener fondos y resolver la situación, las solicitudes encuentran resistencia en el Congreso local, intensificando la crisis financiera.
La legislación establece que la deuda contratada por los gobiernos locales debe destinarse a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de deuda.
Sin embargo, los alcaldes optan cada vez más por créditos para cubrir insuficiencias temporales, infringiendo las normativas.
Expertos destacan la falta de supervisión adecuada en la contratación de deuda pública municipal y la necesidad de que los municipios generen ingresos propios para cumplir con sus responsabilidades.