El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez.
La acusación se centra en presuntas acciones ilegales que habrían favorecido a grupos criminales en la frontera norte. La denuncia, presentada ante la Cámara de Diputados, detalla la liberación de individuos vinculados a actividades delictivas como secuestros y tráfico de fentanilo.
Se argumenta que las decisiones del juez no se ajustan a principios constitucionales y legales, permitiendo la liberación de elementos que amenazan el interés público.
La solicitud de juicio político busca una exhaustiva investigación por parte de la soberanía, dejando al Senado de la República la decisión sobre su destitución.
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