La Ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya es vigente como una nueva política para enfrentar el paso de migrantes.
Esta norma es polémica porque eleva la sentencia mínima de dos a 10 años para los traficantes de personas, pero considera entre esos delincuentes a quienes humanitariamente ofrezcan refugio a un migrante.
Abbott signó la criticada ley, en diciembre pasado, como parte de un paquete de leyes para controlar la frontera y disminuir el tránsito de migrantes al menos en un 75 por ciento.
El mandatario arguyó que Texas necesitaba enfrentar a los cárteles que trafican con inmigrantes y droga.
Lo anterior, porque, según él, el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Joe Biden tiene una “política de fronteras abiertas”.
«La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte», justificó Abbott.
Defensores de las personas migrantes objetaron ley con el discurso de que incrementar los años de sentencia no resulta eficiente contra la crisis de migración.
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Por ejemplo, David Stout, comisionado del condado de El Paso, aseveró que lo que Abbott pretende con la Ley SB4 es justificar el gasto de miles de millones de dólares en la protección de la frontera.
Abbott desplegó, en marzo de 2021, el operativo Estrella Solitaria en el que gastó más de 10 mil millones de dólares.
Y el próximo 5 de marzo entrará la otra parte de la Ley SB4, que otorga a la policía texana la facultad de detener y deportar migrantes.
Además, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado» de forma irregular, y en caso de reincidencia la falta será punible hasta con 20 años de prisión.