En un giro legislativo impactante, Madagascar ha aprobado un proyecto de ley que contempla la imposición de penas de castración, tanto quirúrgica como química, para condenados por violar a menores.
La Asamblea Nacional dio luz verde al texto a principios de febrero, seguida por la aprobación del Senado esta semana.
No obstante, la iniciativa aún espera validación por parte del Alto Tribunal Constitucional antes de ser promulgada por el presidente Andry Rajoelina.
Según el proyecto, la castración quirúrgica se aplicaría a aquellos que cometan violaciones contra niños menores de diez años.
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Para casos que involucren a niños de diez a 13 años, la normativa contempla castración, ya sea química o quirúrgica. En situaciones que impliquen a menores de 13 a 18 años, se prevé la imposición de castración química.
Amnistía Internacional ha condenado esta medida, considerándola «cruel, inhumana y degradante».
La organización insta a Madagascar a revocar el proyecto, argumentando que la castración no resolverá eficazmente el problema de las violaciones a menores.
Además, sostiene que esta iniciativa contradice las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y los malos tratos, así como las normas regionales e internacionales de derechos humanos.
La ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, defiende la soberanía del país para modificar sus leyes en pos del interés general.
A pesar de las críticas, Madagascar persiste en implementar esta drástica medida como parte de su estrategia para combatir la violencia sexual contra menores.