En un contexto donde jueces y magistrados enfrentan amenazas y actos violentos, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha decidido proporcionar medidas de seguridad a solo una quinta parte de aquellos que lo solicitaron en juzgados y tribunales.
El primer informe de labores de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, revela que se examinaron 242 casos relacionados con la seguridad de servidores públicos el año pasado.
Sin embargo, solo 54 magistrados, jueces, secretarios y defensores judiciales recibieron medidas de seguridad, representando solo el 0.44% de los más de 54,000 empleados del PJF al cierre de 2022.
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La información específica sobre las medidas de seguridad otorgadas no se detalla por razones de protección, pero se ha informado que incluyen vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
El informe destaca una comunicación directa y continua con los servidores judiciales para identificar y atender sus necesidades de seguridad de manera eficiente.
De las 242 solicitudes evaluadas, 147 buscaban medidas de apoyo y protección, mientras que en 95 casos se mencionaron causas de riesgo sin detalles específicos.
Además de las medidas de seguridad, el PJF ha adoptado la suspensión de labores cuando es necesario resguardar la vida e integridad de los servidores públicos y los justiciables que visitan las instalaciones judiciales.
Este enfoque integral busca garantizar la seguridad y preservar la integridad en el ámbito laboral de la institución judicial.