La diputada María Guadalupe Román Ávila, del partido Morena, propuso penas de hasta 9 años de cárcel, especialmente para servidores públicos.
El objetivo de la legisladora, informó, es frenar el creciente problema del “huachicol” de agua en México.
En su proyecto documentó que en México se han detectado 131 mil 603 tomas clandestinas en ductos públicos desde 2019 en 239 municipios.
TE PUEDE INTERESAR: Preocupante la crítica situación de almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala
La iniciativa busca reformar la Constitución y el Código Penal Federal para penalizar la distribución ilegal de agua, la extracción no autorizada y la complicidad de propietarios de predios con tomas ilegales.
Además las penas se duplicarán si el delito es cometido por un servidor público.