El jueves, Yván Gil, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, anuncia la interrupción de la cooperación de Caracas con la oficina técnica del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Gil solicitó que el personal asignado a esta oficina abandone el país en las próximas 72 horas, describiendo la medida como una «decisión administrativa» que detiene la colaboración debido al supuesto desvío de la oficina de su mandato.
En declaraciones a la prensa, Gil afirmó que la oficina se había desviado de sus responsabilidades y la acusó de actuar como una «caja de resonancia» para la oposición de extrema derecha venezolana.
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Denunció también el incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre de 2019 y anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica en los próximos 30 días, según lo estipulado en la Carta de Entendimiento firmada con la entidad.
Gil destacó que la decisión se basa en el descontento con el papel actual de la oficina y enfatizó que la medida no implica una ruptura total de relaciones con la ONU. La solicitud de salida del personal en 72 horas se presenta como una consecuencia de la discrepancia entre Venezuela y la oficina de la ONU, que, según Gil, ha perdido su imparcialidad y se ha convertido en un instrumento político. La revisión de los términos de cooperación busca restablecer la colaboración bajo condiciones consideradas más adecuadas por el gobierno venezolano.