En una investigación reciente, la ONU señaló al gobierno de Nicaragua por cometer «graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad». La creciente represión a la disidencia política en el país centroamericano ha sido objeto de estudio, destacando que la persecución a opositores ha sido una constante, alcanzando su punto álgido durante las protestas de 2018, donde las autoridades respondieron con violencia.
En el último año, esta represión se ha extendido a diversos sectores de la sociedad, con el objetivo declarado de «incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo».
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Un grupo independiente de expertos de la ONU, que ha investigado la situación desde marzo de 2022, sostiene que Nicaragua está atrapada en una «espiral de violencia» caracterizada por la persecución de cualquier forma de oposición política, real o percibida. Según Jan Simon, quien lideró la investigación, el gobierno ha consolidado una «espiral de silencio» que desestimula cualquier posibilidad de oposición.
El gobierno de Ortega ha defendido que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, rechazando las críticas con el mismo argumento. La situación ha llevado a ataques del Estado a civiles, incluyendo estudiantes, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia católica.