En los Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, legisladores de Morena y PT reafirman su compromiso con la reforma judicial, insistiendo en la elección popular de jueces y magistrados como un mandato democrático irrenunciable.
Por otro lado, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advierten sobre los riesgos de una sustitución masiva de más de 1600 jueces federales, lo cual podría desestabilizar gravemente el sistema de justicia en México. Alertan que una reforma mal implementada podría convertir la justicia en una negociación política y comprometer la imparcialidad judicial.
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Ante estas posiciones divergentes, un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura propone que cualquier reforma que se apruebe considere un proceso gradual para la sustitución de los jueces, asegurando así la continuidad en la impartición de justicia sin interrupciones significativas.
Sin embargo, algunas ministras de la SCJN como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz respaldan abiertamente la reforma, argumentando que democratizará el Poder Judicial, actualmente percibido como permeable al favoritismo y cerrado al pueblo mexicano.