La Suprema Corte de Estados Unidos, en una decisión sin precedentes, determinó que Donald Trump tiene inmunidad «absoluta» por sus actos oficiales durante su presidencia. Sin embargo, esta inmunidad no se extiende a actos no oficiales.
John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, explicó que la estructura constitucional de separación de poderes exige que un ex presidente tenga inmunidad frente a procesos penales por sus actos oficiales. Esta inmunidad debe ser absoluta para las funciones principales del presidente.
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No obstante, Roberts aclaró que no todos los actos del presidente son oficiales. Por tanto, Trump no tiene inmunidad por sus actos no oficiales. El presidente no está por encima de la ley. El Congreso no puede criminalizar las acciones del presidente en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Esta decisión permite a Trump reclamar inmunidad penal por algunas acciones en los últimos días de su presidencia, retrasando un juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra.
Los jueces votaron 6-3 en contra de la amplia demanda de inmunidad de Trump, lo que significa que los cargos no serán desestimados. Sin embargo, algunas acciones estrechamente relacionadas con sus funciones como presidente están fuera del alcance de los fiscales.
Roberts señaló que se necesitan más procedimientos en tribunales inferiores para determinar por qué conductas puede ser procesado. La jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo con la decisión, advirtiendo que permite al presidente violar la ley y aprovecharse de su cargo, dañando la relación entre el presidente y el pueblo.
El caso de inmunidad ante el Supremo se originó en un tribunal federal de Washington D.C., donde un gran jurado imputó a Trump tres cargos penales en agosto de 2023 por intentar revertir las elecciones de 2020 e incitar el asalto al Capitolio en 2021.
La defensa de Trump solicitó la anulación del juicio, alegando inmunidad por ser presidente en el momento de los hechos. Tanto la jueza encargada del caso como una corte de apelaciones desestimaron estas peticiones, llevando a Trump a elevar el asunto al Supremo, que lo revisó en abril.
Históricamente, los presidentes en activo han tenido inmunidad absoluta frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones. La defensa de Trump argumentó que los expresidentes también deberían tener inmunidad por actos cometidos durante su mandato, pero la Fiscalía sostiene que Trump no está por encima de la ley.
Esta decisión podría influir en otros casos que enfrenta Trump en Georgia y Florida, relacionados con sus intentos de invalidar resultados electorales y el almacenamiento ilegal de material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago.