Las autoridades francesas han presentado cargos contra Pavel Dúrov, cofundador de Telegram, basándose en una ley de 2004. Esta ley requiere que las empresas que ofrecen herramientas de criptografía informen a la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información (ANSSI) y conserven descripciones detalladas de sus herramientas criptográficas y el código fuente.
Los dos cargos que más impacto han tenido son por ofrecer servicios criptográficos que brindan privacidad sin la notificación obligatoria y por importar herramientas criptográficas que no cumplen con las funciones de autenticación o verificación de integridad, también sin la notificación requerida.
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Estos cargos han causado sorpresa en el sector tecnológico, ya que no se esperaban acciones de este tipo contra aplicaciones de mensajería cifrada como iMessage, Signal o WhatsApp. La ley de 2004 es rara en Occidente, donde la intervención gubernamental en las comunicaciones privadas suele considerarse una invasión de la privacidad.
El caso ha sido comparado con la reciente ley de encriptación en China, criticada en Occidente por su supervisión estatal. Los abogados y representantes del sector no recuerdan un caso similar en los últimos 20 años. Andy Yen, CEO de Proton, ha descrito la situación como un «suicidio económico» que cambiará la percepción de los fundadores e inversores.