Este jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y Mohammed Deif, uno de los principales líderes militares de Hamás. El tribunal sostiene que «hay evidencia razonable» de que los tres responsables cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023.
La efectividad de esta orden depende de que los 124 países miembros de la CPI, excluyendo Israel y Estados Unidos, decidan cooperar, lo que solo ocurriría si Netanyahu visita algún país miembro. Sin embargo, dada la historia de la CPI, las órdenes de captura enfrentan diversos obstáculos y, aunque en pocos casos se han concretado, generalmente tardan largos periodos.
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A lo largo de los años, la CPI ha procesado a varios líderes internacionales. Un caso similar fue el del presidente ruso Vladimir Putin, contra quien se emitió una orden de arresto en marzo de 2023 por crímenes de guerra relacionados con la deportación de niños ucranianos. Aunque acusaron a Putin, nadie lo ha detenido, ya que Rusia no es miembro de la CPI, y países como Mongolia, que ha visitado, no han tomado acciones para arrestarlo.
Otro ejemplo es el de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, contra quien la CPI emitió una orden de arresto en 2009 por genocidio y crímenes de guerra cometidos en Darfur. Aunque acusaron a al-Bashir, ningún país, ni siquiera miembros de la CPI como Sudáfrica, lo detuvo. Derrocaron a al-Bashir en 2019, pero aún no ha enfrentado juicio por sus crímenes.
En 2001, arrestaron a Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, y enfrentó un juicio por crímenes cometidos en la Guerra de los Balcanes. Milosevic murió en 2006, antes de que terminara su juicio.
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El caso más exitoso de la CPI fue el del expresidente de Liberia, Charles Taylor, condenado a 50 años de prisión en 2012 por crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona. Las autoridades arrestaron a Taylor en 2006 y actualmente cumple su condena en Reino Unido.
En 2020, arrestaron a Félicien Kabuga, empresario ruandés acusado de genocidio, después de que evadiera la justicia durante más de dos décadas. Aunque fue detenido, su juicio fue suspendido debido a problemas de salud mental.