La administración de Donald Trump estaría ejerciendo presión sobre el gobierno mexicano para que investigue y procese a políticos relacionados con el crimen organizado. Según la agencia Reuters, el objetivo es que estos funcionarios sospechosos puedan ser extraditados a Estados Unidos si enfrentan cargos penales en ese país.
Estas demandas habrían sido presentadas en al menos tres ocasiones por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y su equipo durante reuniones con autoridades mexicanas. Se ha señalado que estas solicitudes incluyen a políticos del partido Morena, lo que podría complicar la situación para la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se menciona la amenaza de imponer aranceles comerciales si México no atiende esta petición.
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Un funcionario del gabinete de seguridad de Estados Unidos comentó a Reuters que esta ofensiva representa una escalada importante en la lucha contra la corrupción vinculada al narcotráfico en México. Sin embargo, también implica riesgos políticos, dado que algunas acusaciones involucran a miembros del partido gobernante.
La solicitud fue planteada en una reunión realizada el 27 de febrero en Washington, con la participación de Marco Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Juan Ramón de la Fuente, la fiscal general estadounidense Pam Bondi, y otros representantes de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Por México, también estuvieron presentes el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.