El Gobierno de México está evaluando emprender acciones legales contra la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, debido a los residuos generados tras uno de sus lanzamientos recientes. La preocupación se centra en los posibles daños ambientales y de seguridad derivados de las operaciones cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración analiza qué normativas internacionales podrían estar siendo vulneradas. Aclaró que el objetivo no es solo revisar el tema, sino también determinar si corresponde una demanda formal conforme al derecho internacional.
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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que los lanzamientos realizados en Boca Chica, Texas, se encuentran a escasos kilómetros del estado de Tamaulipas. En ese punto, los desechos del cohete Starship —que explotó el 18 de junio— habrían alcanzado el territorio mexicano, específicamente la Playa Bagdad en Matamoros.
Los fragmentos recogidos incluyen plásticos, metales, tanques y otros materiales industriales. Aunque fueron retirados por autoridades locales, grupos ambientalistas expresaron su preocupación por los residuos microscópicos que podrían haber quedado en la zona.
Expertos en medio ambiente advierten que la basura espacial puede contener sustancias peligrosas. Estas podrían dañar a la fauna local, contaminar fuentes de agua o afectar cadenas alimenticias si no se controla adecuadamente su presencia.
La presidenta aseguró que su gabinete trabaja en conjunto para identificar los impactos reales de estos incidentes.