El gobierno de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir en un caso legal que impide realizar redadas migratorias en el sur de California. Esta solicitud se produce luego de una decisión tomada por una jueza federal en Los Ángeles, quien restringió la forma en que los agentes pueden detener a personas por motivos migratorios.
La orden judicial en cuestión prohíbe detener a personas únicamente por su idioma, acento, apariencia física o etnicidad. Esta medida aplica en gran parte del sur de California, una región con una numerosa población migrante.
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El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia con el objetivo de revertir esta decisión. Argumentan que la orden limita la capacidad del gobierno federal para cumplir las leyes migratorias y localizar a personas sin autorización legal en el país.
La jueza estableció que los agentes deben contar con sospechas razonables antes de detener a alguien, y no pueden basarse únicamente en el idioma que habla o su apariencia. Esto significa que los operativos migratorios no pueden apoyarse en estereotipos para llevar a cabo detenciones.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó recientemente la orden de la jueza. Si bien reconoció que algunas partes del fallo eran poco claras, consideró que los argumentos del gobierno no eran lo suficientemente sólidos para suspenderlo.
El recurso legal busca modificar temporalmente las reglas que rigen las acciones del Servicio de Control de Inmigración. Sin embargo, hasta que la Corte Suprema emita una resolución, las restricciones seguirán aplicándose en el sur de California.
Este caso refleja las tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo sobre cómo deben llevarse a cabo las políticas migratorias, especialmente en estados con alta presencia de comunidades migrantes.