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Tribunal Supremo de EU respalda redadas migratorias en la ciudad de Los Ángeles

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que permitirá continuar con las redadas migratorias en Los Ángeles.
Redadas migratorias

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que permitirá continuar con las redadas migratorias en Los Ángeles. La decisión fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra.

La medida deja sin efecto una orden previa de una jueza federal. Esa orden había suspendido las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el fallo original, los agentes realizaban detenciones sin pruebas suficientes y con base en criterios generales que podían resultar discriminatorios.

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Los operativos se habían realizado en lugares públicos como paradas de autobús, estacionamientos y lavaderos de autos. De acuerdo con denuncias, algunas detenciones se justificaban únicamente por hablar español, tener cierto aspecto físico o realizar trabajos poco remunerados.

El juez Brett Kavanaugh defendió la postura de la Corte. Argumentó que interrogar brevemente a quienes cumplen ciertos criterios de “sentido común” resulta aceptable en la aplicación de la ley migratoria.

En contraste, tres juezas liberales manifestaron un fuerte desacuerdo. Sonia Sotomayor advirtió que esta política puede permitir detenciones arbitrarias contra personas de origen latino. Expresó que las libertades constitucionales no deben ponerse en riesgo por decisiones basadas en estereotipos.

Los grupos defensores de derechos humanos también señalaron preocupaciones. Recordaron que en Los Ángeles casi la mitad de la población tiene raíces latinas, principalmente mexicanas. Subrayaron que las redadas pueden alcanzar no solo a migrantes, sino también a ciudadanos y residentes legales.

Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo que las limitaciones anteriores impedían a los agentes cumplir con la política migratoria impulsada por el gobierno federal. Con este nuevo fallo, se refuerza la posibilidad de aplicar medidas más amplias en la ciudad.

Este acontecimiento reabre la discusión sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con la protección de derechos individuales. La decisión tendrá un impacto relevante en la vida de miles de personas que habitan en Los Ángeles y que forman parte de comunidades de larga trayectoria en la ciudad.

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