En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la cancelación de visas a varios políticos mexicanos, principalmente vinculados a Morena, ante sospechas de vínculos con el crimen organizado. Al menos siete funcionarios han sido afectados por estas medidas, en lo que se percibe como una advertencia diplomática y migratoria.
El caso más reciente es el de Mario Alberto López Hernández, diputado federal del PVEM y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas. Al intentar cruzar a Texas, fue detenido y se le informó que su visa “estaba dañada”, impidiéndole la entrada al país. Otro caso destacado es el del morenista Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, a quien se le retiró el documento mientras viajaba con su familia el pasado 10 de junio.
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Anteriormente, Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros y también miembro de Morena, fue detenido tras ser vinculado con un empresario arrestado por portar ocho kilos de cocaína. Estos eventos reflejan una creciente presión de Estados Unidos sobre figuras políticas mexicanas, especialmente aquellas con posibles nexos delictivos o investigaciones pendientes.
A un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, la captura de figuras relevantes del crimen organizado o altos funcionarios aún no se ha registrado. Las detenciones más significativas hasta ahora incluyen a 14 personas relacionadas con el huachicol fiscal en Tamaulipas, entre ellos marinos, y la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal.