Especialistas y representantes del sector agrícola expresaron su preocupación por la propuesta de Ley de Aguas Nacionales enviada por el Ejecutivo federal. Consideran que el proyecto presenta vacíos técnicos que podrían generar incertidumbre, sobre todo entre comunidades rurales y sectores productivos que dependen del recurso hídrico para su operación diaria.
Durante las Audiencias Públicas de la Ley General del Agua realizadas en la Cámara de Diputados, integrantes del grupo de trabajo de la Zona Norte explicaron que la iniciativa busca eliminar el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares. También pretende derogar artículos que regulan la transmisión de títulos, lo cual dejaría en desventaja a pequeños productores.
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Jesús Padilla Estrada, presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de Zacatecas, señaló que la medida se elaboró sin considerar la realidad de miles de familias que dependen del campo. Comentó que el cambio podría afectar la seguridad jurídica de los productores, quienes requieren reglas claras para continuar con su labor.
Padilla pidió un análisis detallado de la propuesta para evitar decisiones tomadas con poca información. Consideró necesario evitar un proceso acelerado que provoque inconformidad o conflictos en las regiones agrícolas.
Refugio Rodríguez López, funcionario de la Secretaría del Campo en Zacatecas, señaló que la iniciativa no reconoce las diferencias entre estados donde el agua se usa para el campo y regiones donde predomina la industria. Destacó que una sola norma podría generar desequilibrios si no considera la realidad de cada territorio.
El académico Roberto Lara Rocha mencionó que uno de los artículos transitorios de la propuesta podría contradecir el principio de irretroactividad previsto en la Constitución. Sugirió que se elimine ese párrafo para evitar interpretaciones que afecten a los usuarios.
Gabriel Alberto Madrid, consultor especializado, comentó que la Conagua carece de recursos suficientes para atender la demanda de trámites. Afirmó que exigir títulos actualizados a los usuarios podría resultar inviable mientras no se fortalezca la capacidad institucional.
Finalmente, representantes del sector ganadero solicitaron mantener mecanismos que permitan operaciones legítimas como compraventas o arrendamientos. Indicaron que es posible combatir la especulación sin eliminar la transmisión de derechos. Consideran que un enfoque equilibrado ayudaría a mantener la estabilidad en las actividades productivas.