El Senado de México aprobó un proyecto de decreto que busca fortalecer la estrategia nacional contra la extorsión. La votación se realizó con cambios importantes al documento original. El propósito de estas modificaciones es mejorar la prevención, investigación y sanción de este delito, que ha incrementado su impacto en distintas regiones del país durante los últimos años.
La aprobación general se logró con 110 votos a favor. El dictamen contempla ajustes en varias leyes para que exista una definición uniforme sobre el delito de extorsión.
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También unifica las sanciones, las conductas agravantes, los procedimientos de investigación y los protocolos aplicados por las autoridades. Los cambios alcanzan al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes vinculadas con la delincuencia organizada y la administración de justicia.
En lo particular, la votación aprobó el documento con 95 votos a favor y 12 en contra. Las reservas aceptadas incluyeron ajustes importantes en la nueva Ley General enfocada en este delito. Entre estas precisiones se añadió la perspectiva de género en los artículos relacionados con la atención a víctimas. También se modificó el artículo 17 para incrementar las penas cuando la extorsión se realice mediante dispositivos, plataformas o cualquier medio electrónico capaz de transmitir datos o comunicaciones.