La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relacionado con la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. La votación concluyó con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. Legisladores del PRI y PAN expresaron su desacuerdo, mientras que Movimiento Ciudadano optó por no definir postura mediante dos abstenciones.
La decisión llegó después de casi dos horas de análisis y diálogo. En ese tiempo participaron 12 oradores. Se registraron seis intervenciones a favor y seis en contra. Al cierre de la discusión, se determinó que todas las reservas serán llevadas al pleno. Esto permitirá una revisión más amplia y formal del documento.
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El dictamen será turnado a la Mesa Directiva. Después, se prevé una reunión con la Junta de Coordinación Política. En ese encuentro se definirá si el tema llega al pleno durante el mismo día. También existe la posibilidad de que se discuta hasta la siguiente sesión programada.
Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron la propuesta. Señalaron que el país necesita una actualización en la normativa hídrica. Afirmaron que esta ley busca garantizar el acceso al agua como derecho humano. Destacaron que el documento incorpora observaciones de comunidades, colectivos y sectores afectados. Además, mencionaron que incluye 124 artículos revisados a detalle. De ellos, 54 integran propuestas que surgieron durante el proceso de consulta.
El PT recordó que el país mantiene una ley vigente desde 1992. Señaló que su actualización es necesaria para atender retos actuales. Uno de sus representantes indicó que la iniciativa refleja inquietudes expresadas por campesinos y otros grupos. Esto, después de una reunión nocturna que se extendió hasta el amanecer.
Por su parte, legisladores del PRI y PAN señalaron que el dictamen requiere un análisis más amplio. Explicaron que es esencial incluir la voz de productores, industrias y gobiernos locales. Indicaron que el documento actual no genera certeza suficiente sobre derechos de agua. También destacaron inquietudes sobre concesiones, prórrogas y usos agrícolas. Subrayaron que la ley debe ser clara, viable y equilibrada.