El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California determinó que el exgobernador Jaime Bonilla Valdez no podrá ejercer cargos públicos durante tres años. La sanción se emitió después de un proceso en el que se le atribuyó una falta grave relacionada con la firma de un contrato energético. Las autoridades señalaron que Bonilla autorizó un acuerdo con la empresa Next Energy para instalar una planta fotovoltaica sin contar con la facultad correspondiente.
La resolución se confirmó el pasado 8 de diciembre y fue validada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La decisión subraya que la autorización para ese tipo de proyectos corresponde únicamente al Gobierno federal. Por ello, el contrato firmado por el exmandatario excedió las facultades establecidas en la normativa vigente.
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Ese mismo día, las autoridades estatales informaron sobre otro caso relevante. El exsecretario de Salud Alonso Pérez Rico fue vinculado a proceso por presunto uso indebido de facultades. Se le señaló por autorizar adjudicaciones directas a una empresa privada durante 2021. Dichas adjudicaciones sumaron más de 39 millones de pesos según la información presentada durante la audiencia.
Las autoridades detallaron que estos procesos buscan fortalecer la transparencia en la administración pública. Los casos forman parte de diversas revisiones sobre decisiones tomadas durante administraciones anteriores. Las investigaciones continúan y se desarrollan conforme a los procedimientos legales establecidos.