Panamá reactivó un antiguo centro penitenciario ubicado en la Isla Coiba para albergar a 29 internos catalogados como de alta peligrosidad. La medida surge en medio de los esfuerzos gubernamentales por fortalecer el sistema penitenciario y combatir la delincuencia organizada.
Los traslados se realizaron de manera escalonada y bajo vigilancia reforzada. Según las autoridades, la intención es reducir la influencia que algunos líderes criminales pueden ejercer desde otros centros de reclusión del país.
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Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos debido a la ubicación de la prisión dentro del Parque Nacional Coiba, una zona protegida reconocida por su importancia ambiental. Diversos sectores han solicitado que cualquier acción en el área respete las normas de conservación vigentes.
El Ministerio de Ambiente aclaró que el traslado de los reclusos no implicó nuevas construcciones ni modificaciones que afecten el ecosistema. Además, anunció que realizará inspecciones constantes para garantizar la protección del parque nacional.
La medida se produce después de una de las fugas penitenciarias más relevantes registradas en Panamá en los últimos años. Mientras continúa la búsqueda de algunos evadidos, el debate sobre seguridad, gestión penitenciaria y protección ambiental sigue ocupando la atención pública.