El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad para transformar la relación del Estado con estas comunidades y reconocer plenamente su diversidad jurídica y sus formas de organización.
Desde su perspectiva como integrante del pueblo mixteco, Aguilar Ortiz señaló que uno de los principales desafíos consiste en que el Estado reconozca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, en lugar de obligarlos a adaptarse o “simular lo que no son” para acceder a servicios, derechos o reconocimiento jurídico.
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El ministro puso como ejemplo el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que constituir una sociedad anónima para obtener una concesión de transporte, debido a que el marco legal no contemplaba su forma de organización.
“Creo que ese es el objetivo, que un marco jurídico acorde con la realidad y para nuestra realidad no esté obligado un sector amplio —porque estamos hablando de la cuarta parte del país— que tenga que simular lo que no es para ser atendido por el régimen jurídico. Esto yo creo que se tiene que acabar”, sostuvo en entrevista.