Braskem Idesa, compañía petroquímica mexicana asociada con la brasileña Braskem y el conglomerado de Carlos Slim, solicitó protección bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos ante el deterioro de sus finanzas y la creciente falta de liquidez. La petición fue presentada el lunes ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas, donde la empresa reportó activos y pasivos de entre mil y 10 mil millones de dólares.
La compañía espera concluir el proceso de reorganización en un plazo aproximado de 60 a 90 días, luego de alcanzar un acuerdo con sus principales acreedores, accionistas y otros grupos de interés. El plan contempla reducir su deuda en más de 920 millones de dólares y establece que Braskem conservará una participación mayoritaria en la empresa una vez concluida la reestructuración.
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Como parte del procedimiento, Braskem Idesa busca obtener 279 millones de dólares en financiamiento para mantener sus operaciones durante el concurso. La empresa recurrió a su asesor Lazard para encontrar alternativas de financiamiento, pero al no concretarse una opción viable con terceros, Braskem aceptó proporcionar los recursos tras las negociaciones con Inbursa y un grupo de tenedores de bonos.
La crisis financiera se agravó después de que Braskem Idesa incumpliera el pago de intereses de bonos en dólares con vencimiento en 2029 y 2032. Los problemas para conseguir materias primas, la prolongada debilidad del sector petroquímico y una menor utilización de sus instalaciones afectaron su flujo de efectivo, mientras que la compañía tampoco pudo operar a plena capacidad para aprovechar el aumento de los precios del crudo derivado del conflicto en Medio Oriente.
Braskem Idesa fue creada en 2010 por Braskem y Grupo Idesa y opera en Veracruz el complejo Ethylene XXI, enfocado en la producción de polietileno, proyecto que representó una inversión de 5 mil 200 millones de dólares y comenzó a producir en 2016. La situación ocurre mientras Braskem también enfrenta dificultades financieras y busca una solución con sus acreedores para evitar declararse en bancarrota, con el 24 de agosto como fecha límite para alcanzar un acuerdo.
