Más de 14 mil ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte podrían recurrir a un amparo colectivo para buscar una mayor protección de sus derechos laborales dentro del proceso de quiebra de la empresa.
Héctor Manuel Garza Martínez, representante legal de un grupo de acreedores de AHMSA, explicó que existe una vía constitucional para impugnar las limitaciones que establece la Ley de Concursos Mercantiles respecto al pago de determinados créditos laborales.
El litigante señaló que la estrategia jurídica se enfoca principalmente en los artículos 224 y 225 de dicha legislación, relacionados con la prelación de créditos y que, según expuso, podrían limitar el cobro de salarios e indemnizaciones frente a otros adeudos garantizados.
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Garza Martínez planteó que el principal cuestionamiento será determinar si es constitucional que los trabajadores, quienes no provocaron la crisis financiera de la empresa, vean restringidas sus prestaciones mientras otros acreedores cuentan con créditos respaldados.
Amparo podría marcar precedente para exobreros
El representante legal indicó que la posibilidad de presentar el amparo indirecto se concretará una vez que el juzgado emita la clasificación definitiva de los créditos considerados preferentes.
La defensa de los trabajadores estará relacionada con los abogados Diana Carolina Fregoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, quienes fueron designados el 10 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para representar los intereses de los obreros.
De acuerdo con Garza Martínez, una demanda colectiva podría llevar la controversia a un análisis constitucional de mayor alcance, al involucrar derechos como el mínimo vital, la protección de la familia y el principio pro persona.
El representante de los acreedores señaló que la propuesta jurídica permanece abierta para su análisis y llamó a la defensoría pública a revisar los elementos procesales necesarios para fortalecer la estrategia.
El objetivo, sostuvo, es buscar que los recursos derivados de la quiebra de AHMSA sean utilizados de manera que se priorice el bienestar económico de las familias de los trabajadores afectados.