El Gobierno de México informó sobre nuevos avances en el caso Ayotzinapa, luego de poner en marcha cuatro líneas de investigación científica enfocadas en esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Las nuevas indagatorias retoman documentos, registros telefónicos y otros elementos relacionados con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Una de las principales vertientes se concentra en el análisis de comunicaciones, mediante el cual fueron identificados 17 nuevos objetivos. Las autoridades detectaron posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, servidores públicos y propietarios de funerarias de Iguala que operaban como concesionarias del Servicio Médico Forense. Durante las diligencias fueron localizados un fémur humano, restos biológicos y un horno crematorio sin registro oficial.
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Entre marzo y junio de 2026 también fueron recuperados 23 indicios adicionales, los cuales permanecen bajo análisis con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Paralelamente, el seguimiento de dispositivos telefónicos permitió establecer que un policía municipal de Iguala utilizó el celular de uno de los estudiantes la noche de su desaparición.
Otra de las líneas de investigación apunta a que los normalistas pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal, de acuerdo con el rastreo de un tercer teléfono. Esta información contradice versiones anteriores de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Además, el análisis de documentos permitió identificar a un nuevo implicado que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y cuyas declaraciones fortalecieron imputaciones contra integrantes de la delincuencia organizada.
Las autoridades también investigan el presunto ocultamiento de videos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Estas pesquisas derivaron en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y posteriormente en la captura del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, acusado de desaparición forzada. El Gobierno señaló que las investigaciones continuarán con acompañamiento de expertos internacionales de la ONU y con la búsqueda de los 43 estudiantes como prioridad.