Las plataformas de apuestas deportivas y casinos en línea dejaron de operar este martes en Brasil, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenara su prohibición debido a los efectos que, según su gobierno, estas actividades tienen sobre la salud pública y el endeudamiento de las familias. La medida también puso fin a una de las principales fuentes de patrocinio del fútbol brasileño.
Lula anunció el veto el 25 de septiembre, nueve días antes de las elecciones, y comparó las apuestas con “un cáncer”. Aunque la decisión entró en vigor ese mismo día, las empresas tuvieron hasta el 6 de octubre para retirar completamente sus operaciones y publicidad. El gobierno estableció la medida mediante un decreto provisional, que deberá ser analizado y aprobado por el Congreso en un plazo máximo de 120 días para continuar vigente.
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La prohibición provocó críticas de las asociaciones del sector, que advirtieron que podría favorecer el crecimiento de un mercado clandestino y dejar a los usuarios sin mecanismos de protección. El gobierno, por su parte, aseguró que reforzará las acciones contra las plataformas ilegales. De hecho, informó que desde el anuncio del veto había solicitado el bloqueo de 5 mil 209 sitios web y más de 2 mil perfiles en redes sociales relacionados con apuestas no autorizadas.
El impacto también alcanzó al fútbol, ya que las casas de apuestas se convirtieron desde su liberalización en 2018 en importantes patrocinadores de clubes, torneos, estadios y transmisiones. Al menos 13 de los 20 equipos de la primera división tenían acuerdos comerciales por un valor conjunto estimado en unos mil millones de reales, alrededor de 200 millones de dólares, al año. El Flamengo advirtió que la decisión afecta al fútbol profesional, categorías juveniles, rama femenil y hasta disciplinas olímpicas.
Antes del veto, Brasil contaba con 85 empresas autorizadas por el Ministerio de Hacienda, que operaban entre 188 y 193 marcas de apuestas a nivel nacional. Durante 2025, estas plataformas movilizaron más de 220 mil 600 millones de reales, equivalentes a unos 44 mil 300 millones de dólares, mientras que el Estado recaudó cerca de 9 mil millones de reales en impuestos. La medida también generó una disputa legal, pues compañías del sector solicitaron a la Corte Suprema suspender la prohibición y argumentaron que afectaría derechos adquiridos bajo la regulación aprobada previamente.