El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que hubo abusos de autoridad y un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Estatal durante la marcha por el agua realizada frente a Casa Jalisco. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aceptó que el operativo presentó graves deficiencias y aseguró que ya comenzaron las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.
“Antes que gobernador, soy humano; en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó Lemus al referirse a los hechos ocurridos durante las confrontaciones entre manifestantes y policías. El gobernador señaló que revisó personalmente diversas grabaciones de video, en las que detectó omisiones, fallas en la actuación de los agentes y falta de control ante una situación que terminó exponiendo a los asistentes a episodios de violencia.
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El mandatario sostuvo que los elementos estatales no debieron recurrir a medidas agresivas para dispersar a los manifestantes, particularmente mediante el uso de agua y gas. También lamentó que menores de edad y personas adultas mayores quedaran expuestos durante los enfrentamientos. Aunque reconoció que algunos participantes de la movilización también incurrieron en actos violentos, afirmó que ya tienen identificados a policías que cometieron excesos y deberán responder por sus acciones.
Para garantizar la transparencia de las indagatorias, Lemus solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). El organismo podrá acompañar las investigaciones, vigilar los procedimientos para determinar posibles sanciones y contribuir a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas. Además, se contempla revisar y modificar los protocolos de actuación policial para prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse.
En cuanto a las detenciones derivadas de los enfrentamientos, el gobernador confirmó que las 39 personas aseguradas ya recuperaron su libertad, luego de que los últimos siete detenidos fueran liberados. Lemus se comprometió a evitar que se repitan este tipo de abusos en Guadalajara y el resto del estado. Finalmente, reiteró que el servicio de agua potable no será privatizado, que no se contratará deuda para este propósito y que tampoco aumentarán las tarifas, en medio de las inconformidades que motivaron la movilización ciudadana.