La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su Gobierno ejerza control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que no da instrucciones a los ministros, al considerar que una intervención de ese tipo sería ilegal y contraria a la autonomía del Poder Judicial.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria afirmó que existe coordinación entre los distintos poderes, pero dejó claro que las decisiones de los integrantes del máximo tribunal corresponden exclusivamente a sus atribuciones.
Sheinbaum respondió así a los cuestionamientos sobre una posible influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, particularmente después de la elección popular de ministros y juzgadores.
“No, pero no le doy instrucciones yo a la Corte. Pues estaría muy mal, sería ilegal”, sostuvo.
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Aunque negó intervenir en las resoluciones de la Suprema Corte, la Presidenta ha expresado públicamente algunas opiniones sobre las prestaciones de los nuevos ministros. El pasado 8 de septiembre, por ejemplo, planteó que podrían reducirse aún más algunos beneficios, entre ellos los relacionados con telefonía, luego de comparar las condiciones de los actuales integrantes con las de sus antecesores.
En agosto también cuestionó la posibilidad de que los ministros contaran con seguros de gastos médicos mayores financiados con recursos públicos y consideró que deberían utilizar los servicios públicos de salud o cubrir esos seguros con sus propios ingresos.
Asimismo, Sheinbaum ha solicitado al Tribunal de Disciplina Judicial revisar casos relacionados con la actuación de jueces. El 16 de julio pidió públicamente a ese órgano analizar el desempeño de un juzgador en un caso específico.
Días después, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo que el Tribunal de Disciplina debería intervenir ante posibles irregularidades cometidas por juzgadores al conceder suspensiones en asuntos vinculados con delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa.
El Gobierno federal también ha intervenido públicamente en asuntos fiscales pendientes ante el Poder Judicial. En junio de 2025 solicitó a la Suprema Corte resolver litigios relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego, cuyos adeudos acumulaban entonces más de 74 mil millones de pesos en distintas instancias judiciales.
Posteriormente, en noviembre de ese año, la Corte resolvió siete litigios fiscales vinculados con compañías del empresario y dejó firmes créditos fiscales que, con actualizaciones y recargos, superaban los 47 mil millones de pesos.
Pese a estos antecedentes, Sheinbaum insistió este viernes en que respeta la autonomía del máximo tribunal y que sus integrantes tienen libertad para resolver los asuntos que llegan a su competencia.
“Pero nunca instruyo a la Suprema Corte, porque es otro poder y soy respetuosa de la autonomía de la Corte”, afirmó.
La Presidenta agregó que algunas peticiones ciudadanas relacionadas con problemas legales, como casos de personas detenidas cuya inocencia es defendida por sus familiares, dependen de las decisiones de jueces o ministerios públicos y no directamente del Ejecutivo federal.