La Corte Penal Internacional (CPI) recibió el Premio Sájarov 2026, otorgado por el Parlamento Europeo, en reconocimiento a su labor en favor de los derechos humanos y la justicia internacional. La distinción llega en un momento complicado para el tribunal, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y presiones de Rusia, mientras mantiene investigaciones y órdenes de arresto contra importantes figuras políticas.
Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI mantiene órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Además, prepara el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, previsto para noviembre, e investiga la persecución de mujeres y niñas bajo el régimen talibán en Afganistán. Sin embargo, el pasado 9 de octubre, Washington anunció sanciones contra la institución, después de imponer medidas similares a varios de sus jueces y fiscales.
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Ante este escenario, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, solicitó a la Unión Europea apoyo para contrarrestar las restricciones estadounidenses y garantizar la continuidad de sus operaciones. Las sanciones podrían dificultar el acceso a servicios bancarios, tecnológicos y administrativos necesarios para el funcionamiento del organismo. Por su parte, la jurista sudafricana Navi Pillay visitó la sede del tribunal para expresar su solidaridad con sus integrantes y respaldar su trabajo. Akane aseguró que la Corte continuará actuando con independencia e imparcialidad, basándose en la ley y las pruebas.
Fundada a partir del Estatuto de Roma, vigente desde 2002, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas entre países, este organismo procesa a individuos cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar determinados delitos. Aunque cuenta con 125 Estados miembros, carece de policía propia y depende de los gobiernos para ejecutar sus órdenes de arresto. Entre sus antecedentes destaca la condena de Thomas Lubanga en 2012 por reclutar niños soldados.
La institución también enfrenta dificultades internas tras la salida definitiva del fiscal jefe Karim Khan en julio, luego de una investigación disciplinaria por conducta sexual indebida, acusaciones que él niega. Pese a estas complicaciones, la CPI mantiene activos sus procedimientos, incluidos los relacionados con el conflicto en Ucrania, la situación en Gaza y las acciones de dirigentes talibanes. Con el Premio Sájarov 2026, el Parlamento Europeo reconoce la importancia de la justicia internacional en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas. Al mismo tiempo, el caso pone de manifiesto uno de los principales desafíos del tribunal: aunque puede emitir órdenes contra dirigentes poderosos, necesita la cooperación de los Estados para hacerlas cumplir.