La Fiscalía de Paraguay descubrió una bóveda blindada durante un cateo en una lujosa residencia de verano vinculada al expresidente Santiago Peña. El inmueble se encuentra en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, y fue inspeccionado como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno bank, escándalo que provocó la caída del exmandatario.
Durante el operativo del domingo 8 de noviembre, los agentes localizaron una puerta con un sistema de seguridad nivel 7 que requiere cuatro mecanismos de acceso diferentes, entre ellos reconocimiento facial o del iris y huella dactilar. Según información del diario ABC Color, los fiscales no consiguieron abrirla debido a la complejidad del dispositivo. La propiedad ya había causado controversia desde enero de 2025, cuando se hizo pública su existencia.
TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales recibirían más de un billón de pesos en el presupuesto federal de 2027
Las investigaciones señalan que Ueno bank habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por 3 mil 548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 577 mil 192 dólares, para financiar la construcción de la vivienda. Los pagos mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, aproximadamente 38 mil 880 dólares, una cantidad seis veces superior a su remuneración como presidente. El exmandatario, de 47 años, permanece bajo prisión preventiva en una instalación militar.
Como parte de los cateos, las autoridades también aseguraron nueve vehículos de lujo, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT y un BMW M8, además de un yate llamado Zeus y dos aeronaves vinculadas al Grupo Vázquez. Los bienes forman parte de las indagatorias contra directivos y empresarios relacionados con la institución financiera, cuya intervención dejó afectados a aproximadamente 2.94 millones de clientes.
El caso también provocó indignación entre distintos sectores de la sociedad paraguaya, luego de que quedaran congelados recursos de instituciones públicas, fondos de jubilación y ahorros de miles de personas. La Iglesia católica exigió la devolución urgente del dinero y sanciones ejemplares para los responsables. El obispo Ricardo Valenzuela calificó el escándalo como un “fraude monumental”, mientras que trabajadores del sector público convocaron movilizaciones para reclamar la recuperación de los recursos retenidos.