La Organización de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia por el cierre de una unidad del Ministerio de Defensa de Argentina encargada de investigar crímenes durante la dictadura militar (1976-1983).
La denuncia fue presentada por la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contra el ministro de Defensa, Luis Petri, quien ordenó el cierre de la dependencia.
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Montenegro solicitó la intervención del relator especial de la ONU, Fabián Salvioli. Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas, creados en 2010, han elaborado más de 170 informes sobre crímenes de lesa humanidad en los últimos 14 años.
El despido de 10 trabajadores del área a fines de marzo fue comunicado por el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes. Montenegro explicó que al vaciar de personal técnico los equipos, se obstaculiza la capacidad de trabajo y se dificulta el acceso a los documentos y archivos del Ministerio.
La diputada alertó sobre el impacto de estas medidas en el derecho de las víctimas, sus familias y la sociedad a conocer la verdad sobre lo sucedido durante la dictadura.