Al alcanzar la mayoría de edad en México, es posible solicitar la credencial de elector, permitiendo el acceso a lugares restringidos a menores como bares y antros. Sin embargo, las autoridades no toman a la ligera la responsabilidad ciudadana de poseer una INE, imponiendo severas penas a quienes falsifiquen este documento oficial.
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Según el Código Penal Federal, cualquier persona involucrada en la alteración del Registro Federal de Electores o en la emisión ilícita de credenciales para votar podría enfrentar una sentencia de 3 a 7 años de prisión.
Además, se les impone una multa significativa que varía de 7 mil 599 a 21 mil 714 pesos, basada en 70 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), valuadas cada una en 108.57 pesos para el año 2024.