En los Estados Unidos, 133 agencias locales y estatales tienen permiso para desempeñar funciones de agentes migratorios, según la política migratoria de Donald Trump. Esta medida, implementada para frenar la migración irregular, afecta a migrantes que ahora enfrentan mayores riesgos de ser detenidos y deportados.
Trump, a través de su orden ejecutiva para proteger al pueblo estadounidense de la «invasión», instruyó al Secretario de Seguridad Nacional para expandir este programa. Esto permitió que 133 agencias en 21 estados puedan intervenir en tareas migratorias. El programa se basa en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que autoriza a funcionarios estatales y locales a realizar labores de detención y aprehensión de inmigrantes bajo la supervisión de autoridades federales.
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Aunque este programa busca fortalecer la seguridad y las deportaciones masivas, ha sido objeto de controversia. Se han reportado redadas no autorizadas y discriminación racial, afectando especialmente a la comunidad latina. En algunos casos, los estudios del Departamento de Justicia han señalado que oficiales locales han detenido ilegalmente a latinos, quienes tienen muchas más probabilidades de ser detenidos en comparación con otros ciudadanos.
El programa 287(g) tiene dos modelos: el de control en cárceles, que permite procesar a inmigrantes con cargos pendientes, y el modelo de oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto, en el cual se capacita a oficiales locales para realizar arrestos de inmigrantes en cárceles.
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