Activistas y miembros de la reciente caravana migrante señalaron al gobierno de México por dejar en el desamparo a los extranjeros que accedieron a los autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM) con la promesa de regularizar su situación.
La caravana, la más numerosa del año con alrededor de 10 mil personas, fue acompañada por el Centro de Dignificación Humana (CDH), que denunció el abandono de migrantes en diversas localidades de Chiapas.
El representante del CDH, Luis Rey García Villagrán, expresó su preocupación por la situación crítica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a los indocumentados, además de revelar compromiso del comisionado del INM para rescatar a poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, núcleos familiares, menores no acompañados y personas con discapacidad.
La disolución de la caravana ocurrió después de que un grupo aceptara subir a los autobuses del INM a cambio de la regularización, sin embargo, activistas informaron que al menos 50 migrantes, incluyendo mujeres embarazadas y niños, quedaron desatendidos en Berriozábal, mientras que en Arriaga se denunció presunto maltrato por parte de los agentes, por lo que expresaron incertidumbre y temor a la deportación tras aceptar la oferta gubernamental.
El avance de la caravana generó presión sobre el gobierno mexicano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense confirmó la llegada irregular de más de 2.2 millones de migrantes en el último año.
Agencia EFE